Una vez recopilada esta información, se debe proceder a la planificación de la intervención. Esta etapa implica la definición de los objetivos específicos de la acción policial, la determinación de los recursos necesarios y la selección de estrategias de intervención adecuadas.

Un aspecto clave en esta fase es la coordinación interinstitucional. En muchas ocasiones, los problemas que enfrenta una comunidad no pueden ser resueltos únicamente por la Policía, sino que requieren la participación de otras entidades gubernamentales y organizaciones civiles. Por ejemplo, si una intervención busca reducir la delincuencia juvenil, no basta con patrullajes constantes; se necesita la articulación con instituciones educativas, programas de empleo y asistencia social para generar oportunidades que prevengan la reincidencia en el delito.

Otro elemento central en la preparación de la intervención es la capacitación del personal policial. Los agentes que estarán a cargo de la implementación de la estrategia deben estar debidamente entrenados en aspectos como el manejo de conflictos, derechos humanos, estrategias de comunicación efectiva y resolución pacífica de disputas.

En este sentido, el diseño de protocolos claros y detallados es fundamental. Estos protocolos deben contemplar posibles escenarios y líneas de acción en función de cómo evolucione la intervención. Un ejemplo de ello es el manejo de una protesta ciudadana: si se detecta una alta probabilidad de violencia, la Policía debe contar con estrategias de mediación que minimicen el uso de la fuerza y prioricen el diálogo.

Finalmente, la preparación de la intervención no estaría completa sin una adecuada socialización del plan con la comunidad. Informar a los ciudadanos sobre la naturaleza de la intervención, sus objetivos y la forma en que pueden colaborar es clave para lograr un mayor impacto y aceptación. Las reuniones comunitarias, encuestas y redes de comunicación con líderes locales son herramientas esenciales en esta etapa.